sábado, 10 de diciembre de 2016

Reclamar la devolución del IRPF de una prestación por maternidad




La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dando la razón a una contribuyente para que Hacienda le devuelva 3.135 € del IRPF de su prestación de maternidad, ha abierto la puerta a más de un millón de personas que ahora podrán reclamar a Hacienda las posibles cantidades indebidamente satisfechas por las prestaciones percibidas por maternidad. Esta sentencia no crea jurisprudencia pero si va a provocar que los contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde el año 2012 reclamen la devolución del IRPF, porque lo anterior al 2012 ha prescrito.

En esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara que la prestación que abona la Seguridad Social por maternidad, no tributa por IRPF y obliga a Hacienda a devolver las cantidades indebidamente satisfechas por este concepto.

Cuándo una trabajadora da a luz tiene derecho a 16 semanas de baja, que puede compartir en parte con su pareja. Durante este período, la Seguridad Social es quien abona el sueldo a través de la prestación de maternidad, que equivale a la base de cotización. En este caso, para la Agencia Tributaria, el importe obtenido por tal concepto debe tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo, interpretación que ahora el TSJ de Madrid tumba mediante una sentencia.

Ahora nos encontramos ante una situación contradictoria, por un lado el TSJ de Madrid sostiene que se trata de una renta exenta y por otro lado el criterio de la Agencia Tributaria que sostiene que tributa, de tal manera que ha de existir una unificación doctrinal al respecto, pero hasta que esto se produzca, esta sentencia del TSJ de Madrid ha elevado las posibilidades de ganar el procedimiento en vía judicial.

Para reclamar hay que seguir estos pasos:

El primer paso es presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, ante nuestra delegación de hacienda, haciendo constar el ejercicio que se reclama y concepto jurídico.

Lo más probable es que nos contesten desfavorablemente, por lo que deberemos presentar alegaciones y recursos a todas las resoluciones en las que nos denieguen nuestra petición hasta que finalice la vía administrativa. Con el escrito del punto anterior habremos abierto la vía administrativa, por la cual la administración nos contestara probablemente desestimando y nos dará un plazo de 10/15 días para interponer alegaciones. Alegaciones que presentaremos y que lo más seguro sean igualmente desestimadas.

Un vez contestadas las alegaciones podremos interponer recurso de reposición y a continuación Reclamación Económico Administrativa que será resuelta esta última por el Tribunal Económico Administrativo Regional correspondiente y fallaran probablemente en contra, desestimando nuestra pretensión y así agotando la vía administrativa.

Finalizada la vía administrativa podremos iniciar un procedimiento judicial que es dónde más viabilidad tiene este procedimiento, para lo cual tendremos dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y así veremos si dicho tribunal nos da o no la razón.

Quedamos a su disposición para cualquier duda al respecto.

domingo, 4 de diciembre de 2016

Oposición a la ejecución hipotecaria


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El plazo para presentar el escrito de oposición a la ejecución hipotecaria es de diez días y solo caben como motivos de oposición los tasados por la Ley.


Cuando se inicia un procedimiento judicial por el Banco por impago de una hipoteca y le llega la demanda al deudor, hay que tener en cuenta fundamentalmente el plazo de oposición a la ejecución hipotecaria y los motivos permitidos por la Ley para poder oponerse.

El Plazo para Oponerse a la demanda de ejecución hipotecaria es de 10 días hábiles, se cuenta desde el siguiente día de notificación de la demanda y despacho de ejecución por el Juzgado (art. 556 LEC).

Para oponerse hay que  contactar con un abogado lo antes posible y en caso de que carezcan de medios  económicos  se debe solicitar inmediatamente en el Colegio de Abogados de su ciudad los beneficios de justicia gratuita, con lo cual, se suspende por el Juzgado el cómputo de dicho plazo hasta que se nombre Abogado y Procurador de oficio.

Los  motivos de oposición a la ejecución hipotecariaSolo caben los siguientes:

1º.- Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.

2º.- Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

3º.- En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.

4º.- El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.


Este último motivo de oposición a la ejecución hipotecaria “existencia de cláusulas abusivas” en el préstamo hipotecario es el más utilizado y casi el único que se suele alegar por el deudor en el supuesto de recibir una demanda de ejecución.


Sobre este aspecto, y consecuencia de todas las reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil en estos últimos tiempos, se ha introducido la del control de las cláusulas abusivas en la ejecución por dos vías:

1ª.- De un lado, introduciendo la posible apreciación de oficio de la cláusula abusiva por el juez en el inicio de la ejecución. Así el artículo 552.1º, párrafo 2º LEC dispone que “El tribunal examinará de oficio si alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 puede ser calificada como abusiva. Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser calificada como tal dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3.ª“.

2ª.- De otro, la reforma introduciendo un párrafo 4º en el art. 695.1 LEC: “En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: (…) 4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible“.


De lo expuesto se infiere, que no toda cláusula calificada como abusiva es susceptible de suspender el procedimiento de ejecución o de ser tenida por no puesta. Únicamente lo serán:

a) Las cláusulas que sean fundamento esencial de la ejecución hipotecaria (por ejemplo cláusula de vencimiento anticipado de toda la obligación por causas que se estimen abusivas, valor de tasación a efectos de subasta por debajo del mínimo legal, o vencimiento anticipado por impago de sumas que representen menos de tres mensualidades). El efecto que produce su apreciación es el de sobreseimiento del procedimiento de ejecución.

b) Las cláusulas que sean determinantes de la cantidad exigible en la ejecución (por ejemplo intereses de demora pactados más allá del límite legal, repercusión de gastos y suplidos que no ha de soportar el deudor, etc). En este segundo caso, el procedimiento de ejecución no se suspende, pero “se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva“, es decir, se despachará la ejecución pero teniendo por no puesta la cláusula nula.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

TARJETA DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN

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TARJETA DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN

La reforma de la Ley de extranjería en el año 2009 modificó el nombre de la denominada tarjeta de residencia permanente por el de larga duración, que es la autorización que permite a la persona extranjera residir y trabajar en España de forma indefinida en las mismas condiciones que un Español.
Requisitos para solicitar la tarjeta de larga duración :

Podrán optar a esta tarjeta los extranjeros que se encuentren en alguno de estos supuestos:

- Los residentes que acrediten una residencia legal y continuada en España durante cinco años.

- Lo extranjeros que hayan nacido en España y acrediten haber residido de forma legal y continuada al menos durante los últimos tres años.

- Aquellos extranjeros que al llegar a la mayoría de edad hayan estado tutelados por una entidad pública española durante los cinco últimos años.

- Los extranjeros que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad.

- Los residentes que acrediten ser beneficiarios de una pensión por jubilación o invalidez permanente.

- Los apátridas o refugiados que se encuentren en territorio Español y a quienes se les ha concedido dicho estatuto.

- Los extranjeros que hayan contribuido de forma destacada al progreso científico, económico y cultural de España.



Documentación a presentar:


- Impreso oficial EX11 (2 copias).

- Pasaporte completo y en vigor, debiendo presentarse también el anterior si hubiera sido renovado dentro de los últimos cinco años.

- 3 fotografías.

- Tarjeta de residencia a renovar.

- Certificado de empadronamiento.

-Documentación que acredite alguna de las circunstancias mencionadas anteriormente.

La tarjeta de residencia larga duración  debe renovarse cada cinco años, autoriza a trabajar y permite estar fuera de España un máximo de 6 meses consecutivos, con una duración total máxima de 1 año durante los cinco de residencia.

Causas de extinción :

La anulación de la autorización de la residencia de larga duración se producirá en los casos siguientes:

- Cuando la autorización se haya obtenido de manera fraudulenta

- Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos previstos en la Ley.

- Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 6 meses consecutivos.

- Cuando hubiera adquirido la residencia de larga duración en otro Estado miembro.

sábado, 19 de noviembre de 2016

Plazos de prescripción para reclamar las deudas




Según el artículo 1961 del Código Civil, las acciones para reclamar el pago de las deudas tienen un vencimiento que es el establecido por la ley.

Una deuda prescribirá dentro de un plazo establecido por la ley legal si el acreedor no reclama dicha deuda. No obstante los plazos de prescripción se pueden interrumpir mediante reclamaciones judiciales o extrajudiciales (por ejemplo, mediante burofax con certificación de texto y acuse de recibo), o reconocimientos de la deuda expresos (firmado por el deudor, que reconoce su deuda) o tácito (por ejemplo, un pago parcial de la misma).

Una deuda prescribe si el acreedor no ejerce ninguna acción extrajudicial o judicial como envío de cartas de forma fehaciente, requerimiento notariales, etc

MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN.
Según el Código civil, las deudas derivadas de un contrato personal que no tenían señalados términos especiales prescribían a los 15 años.

Se ha publicado la modificación de los plazos de prescripción en el BOE con fecha de 6 de Octubre la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y entre sus cambios más significativos hay que destacar el que afecta al régimen de prescripción del Código Civil por el que se reduce de 15 a 5 años el plazo general establecido para la prescripción de las acciones personales.

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS MÁS HABITUALES
Deudas Hipotecarias: La prescripción según el artículo 1964 del código civil el plazo de prescripción de deudas hipotecarias se establece en 20 años desde la fecha de vencimiento que inicialmente tiene fijado el préstamo.
Deudas comerciales con otras empresas: prescriben a los 5 años (desde la nueva reforma LEC).
Deuda derivada de un préstamo: Respecto a los créditos, aunque su devolución se suela hacer mes a mes, se ha considerado por parte de la jurisprudencia que supone una deuda unitaria con pago aplazado, por lo que su plazo no sería el quinquenal, sino el general de 5 años (hasta la nueva reforma LEC).
Deudas de Tarjetas de Crédito: A pesar que los pagos anuales/mensuales tienen una prescripción de 5 años, esto no se aplica para las tarjetas de crédito, que tienen un plazo de prescripción de 15 años (desde la nueva reforma LEC ver período transitorio). La entidad tiene, ese plazo para reclamar la deuda y los intereses generados.
Deudas derivadas de dividendos o pagos que se convengan por motivos de utilidades o capital sobre la participación o acciones: el plazo será de 5 años computados desde el momento en que hubieron de cobrarse.
Deudas de alquiler tanto de rentas como de otras cantidades asimiladas: El pago de la deuda de arriendos de fincas urbanas tienen una prescripción de 5 años.
Deudas de suministros (electricidad, teléfono, gas, etc): Las deudas contraídas con empresas de suministros tienen una prescripción de 5 años, conforme al artículo 1966.3 del Código Civil. Sin embargo, la jurisprudencia no se pone de acuerdo en este caso, ya que se aplica en ocasiones el plazo de 3 años, establecido en el artículo 1967.3, según el cual establece los plazos para abonar a los comerciantes el precio de los géneros vendidos.
Deudas de abogados, procuradores, jueces, registradores o notarios: tres años.
Deudas con hospederos, en concepto de la comida consumida o habitación: tres años.

En cualquier caso, la prescripción de una deuda no es algo automático, ya que el deudor será el que tendrá que alegar tal prescripción a instancia de parte en el momento de la reclamación y demostrar el transcurso los plazos.

No obstante lo anterior, si la deuda está reconocida por medio de Resolución judicial no habrá plazo de prescripción, por lo que será exigible sin plazo hasta que se produzca su extinción.

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REGIMEN TRANSITORIO
¿Qué pasa con aquellas acciones nacidas antes de la reforma y que tenían el plazo de los quince años según la redacción del antiguo artículo 1.964?

En estos casos se dispone lo siguiente:
Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015: "El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.”

Art 1939Cciv “La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.”

  1. A las acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2000 y el 7-10-2005 se les seguirá aplicando el plazo de 15 años (como se venía haciendo hasta ahora)
  2. A las acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2005 y el 7-10-2015, se les aplicará el nuevo régimen presciptivo, de modo que aunque según normativa anterior les hubiera correspondido un plazo de 15 años, prescribirán el 7 de octubre de 2020 (esto es, 5 años después de la entrada en vigor de la nueva ley, puesto que es el nuevo plazo de prescripción establecido)
  3. A las acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas a partir del 7-10-2015 se les aplicará sin duda alguna el nuevo plazo prescriptivo de 5 años (articulo 1.964 Código civil, reformado por la Ley 42/2015)

domingo, 6 de noviembre de 2016

Pensión Compensatoria


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La pensión compensatoria se encuentra  recogida en el artículo 97 del Código Civil, el cual dice: “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.” 
La pensión compensatoria pretende  compensar el desequilibrio que soporta una de las partes tras la crisis matrimonial. Esta pensión se establece  tanto en las rupturas de matrimonios como de parejas de hecho, si bien el procedimiento a seguir a efectos de esa reclamación en un caso es distinto.   Existirá derecho a la pensión compensatoria si se acredita la existencia de un desequilibrio económico respecto a uno de los cónyuges como consecuencia de la separación o el divorcio, ya que es el requisito básico para la fijación de la compensación. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010 ha venido a sentar como doctrina jurisprudencial que: “para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatorio debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio”

A falta de acuerdo entre los cónyuges el juez es el que determinará la cuantía de esa pensión en sentencia  y para ello tendrá en cuenta;
  1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
  2. La edad y el estado de salud. 
  3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 
  4. La dedicación pasada y futura a la familia. 
  5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 
  6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
  7. La pérdida eventual de un derecho de pensión. 
  8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 
  9. Cualquier otra circunstancia relevante….” 

 La AP Granada, Sec. 5ª, Sentencia de 29 de mayo de 2009, señala que para fijar la Pensión compensatoria se ha de tener en cuenta  la cantidad que percibe el esposo  y esta debe ser minorada en las cargas de carácter permanente y estable que debe soportar, entre las que se pueden incluir las pensiones alimenticias de los hijos, el pago de la hipoteca que grava la vivienda familiar si hubiere hijos menores, el alquiler de vivienda u otras de carácter semejante que tenga que satisfacer…”.  
El impago de la pensión compensatoria durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos puede llevar consigo, al igual que el impago de la pensión de alimentos, la comisión de un delito de abandono de familia que está castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
La pensión compensatoria debe ser actualizada cada año conforme al IPC.

domingo, 30 de octubre de 2016

Nacionalidad no resuelta en un año. ¿qué podemos hacer en este caso?




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Como sabemos, el 15 de octubre del pasado de 2015 entró en vigor un nuevo procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia y, en su regulación legal, se establece un plazo máximo de resolución de un año. Es el procedimiento vigente en la actualidad.

El artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia que determina que "el procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados".
Si no se cumple este plazo de resolver en un año, ¿qué podemos hacer en este caso?.  ya que el  propio artículo establece que se entenderá desestimada la solicitud, es decir, que la no respuesta por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado, su no actuación, se entenderá como si nos hubieran denegado la solicitud.

Ante este caso, surge la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo en vía judicial, es decir, ante la Audiencia Nacional, por esa “denegación”, poniendo así en marcha un proceso judicial.

Y quizás esta sea una buena opción ya que con la interposición del recurso  podemos provocar que haya una resolución  de la administración incluso antes de la resolución judicial.  esto tiene una explicación, ya que al interponer el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, dicho órgano solicitará el informe de nuestro expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Esto provoca  que la DGRN revise nuestro expediente y, en lugar de remitir el informe a la Audiencia, directamente emita una resolución administrativa para no tener que llegar al procedimiento judicial.

sábado, 29 de octubre de 2016

El incumplimiento de régimen de visitas


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En los procedimientos de separación matrimonial, divorcio o medidas sobre hijos menores, cuando existen hijos menores de edad, el cónyuge al que no le ha sido otorgada la guarda y custodia de los hijos por la resolución judicial que en su caso se dicte, tiene derecho a visitarlos físicamente y a comunicarse con ellos.

El problema surge cuando uno de los progenitores, ya sea el que tenga la custodia o no, empieza a incumplir lo acordado en el convenio o en la sentencia respecto del régimen de visitas. Estos incumplimientos pueden venir por muchas causas, entre ellas:

El progenitor que tiene la custodia suele justificar el incumplimiento en: 
Como no me paga la pensión de alimentos no le dejo a los hijos
No quiero que mis hijos estén con la nueva pareja
Para que se los va a llevar si se quedan con los abuelos
No voy a obligar a mis hijos si no quieren irse.

El progenitor no custodio suele basarse en algunas de estas causas:
El horario del trabajo me impide recoger al menor cuando me corresponde
No puedo llevar al menor los lunes al Colegio por lo que lo llevo a casa del progenitor custodio los domingos.
A mi nueva pareja no les gusta que estén los niños
Es mi exparje la que no me deja verlos o pone dificultades o excusas
Los niños no se quieren venir conmigo

El hecho de no cumplir con lo recogido en el convenio o la sentencia es un incumpliento que no está justificado, el incumpliento debe ser algo reiterado y no puntual.

Ante ese incumplimiento reiterado hay que reaccionar, lo primero que hay que hacer es intentar llegar a un acuerdo y si se consigue hay que interponer por vía judicial un procedimiento de modificación de medidas. 
Sino se llega a un acuerdo se debe interponer una demanda de ejecución de convenio o sentencia. 
 

lunes, 17 de octubre de 2016

Nuevas exenciones para los exámenes de nacionalidad.





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El que haya hecho la ESO en España no tiene que hacer los exámenes de nacionalidad, pero y si ya está matriculado puede recuperar su dinero.



El Instituto Cervantes ha publicado un comunicado en su web aclarando los casos de dispensa de examen de nacionalidad.

Además, se aclara que aquellas personas que no estén obligados a realizar el examen y que hayan pagado la matricula podrán solicitar el desistimiento de hacer las pruebas siempre que estén en plazo para hacerlo (15 días).

Nuevas exenciones en los exámenes CCSE y DELE

El Ministerio de Justicia podrá dispensar de realizar los exámenes DELE y CCSE a personas que no sepan leer ni escribir, que tengan dificultades de aprendizaje y solicitantes que hayan estado escolarizados en España y hayan superado la educación secundaria obligatoria. Las solicitudes de dispensa de las pruebas deberán ser remitidas al Ministerio de Justicia.

El pasado martes, 11 de septiembre, se publicó en el BOE la Orden Ministerial que, en su artículo 10.5 (JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia) prevé la posibilidad de solicitar al Ministerio de Justicia la dispensa de las pruebas DELE y CCSE en tres casos:

– Personas que no sepan leer ni escribir.

– Personas con dificultades de aprendizaje.

– Solicitantes que hayan estado escolarizados en España y hayan superado la educación secundaria obligatoria.

En todos estos casos, las solicitudes de dispensa de las pruebas se deberán remitir al Ministerio de Justicia, quien decidirá a la vista de las circunstancias particulares y las pruebas aportadas.

Las personas que crean que se encuentran en una de las anteriores situaciones deberán dirigirse al Ministerio de Justicia para tramitar la solicitud de dispensa adjuntando la oportuna documentación acreditativa en su expediente de solicitud de nacionalidad española.

Todos aquellos candidatos que ya se hayan inscrito en los exámenes CCSE y/o DELE A2, pueden solicitar el desistimiento de las pruebas, si se encuentran en plazo para hacerlo, aunque dicho desistimiento no implica la confirmación de la exención por parte del Instituto Cervantes.


Por otra parte, la misma Orden Ministerial establece el procedimiento para que los interesados que estén en posesión de un certificado de nivel básico (A2), intermedio (B1) o avanzado (B2) de las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como los que se detallan en el artículo 10.3, puedan acreditarlo en su expediente de solicitud de nacionalidad. En este sentido, la Orden Ministerial establece que los candidatos que estén en posesión de estos títulos deberán autorizar al Ministerio de Justicia para que compruebe su existencia en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

El Instituto Cervantes, por tanto, no será competente en ninguna de estas dispensas, teniendo que tramitarse todo ello a través del Ministerio de Justicia, tal y como establece la Orden Ministerial.

Más información en:

lunes, 12 de septiembre de 2016

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA COMO FAMILIA EXTENSA DE COMUNITARIOS.


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Requisitos para obtener la autorización de residencia como familia extensa de comunitarios.-

El Real Decreto 987/2015 de 30 octubre ha modificado el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, introduciendo un nuevo artículo 2 bis dentro de sus cuerpo legal con el que se viene a reconocer la posibilidad de obtener la residencia en régimen comunitario a los miembros de la familia extensa del nacional comunitario siempre y cuando se den y acrediten determinados requisitos.

Esta modificación entró en vigor el 9 de diciembre de 2015.


El citado artículo 2 bis del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero recoge como familia extensa a:


a) los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, no incluidos en el artículo 2 del presente real decreto, que acompañen o se reúnan con él y acrediten de forma fehaciente en el momento de la solicitud que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:


1.º Que, en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él.


2.º Que, por motivos graves de salud o de discapacidad, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia.


b) La pareja de hecho con la que mantenga una relación estable debidamente probada, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 4.b) de este artículo.
Si el familiar tiene que solicitar el visado para reunirse con su familiar comunitario, debe aportar conforme al artículo 2.bis en su aparatado 2, que recoge que para la solicitud del visado deberá acompañarse la siguiente documentación:


a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante.


b) En los casos contemplados en la letra a) del apartado 1, documentos acreditativos de la dependencia,del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia.


c) En el supuesto de pareja, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.




La documentación necesaria para solicitar la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión:

a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que el documento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.


b) Documentación acreditativa de que el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al que acompañan o con el que van a reunirse cumple los requisitos del artículo 7.


c) En los casos contemplados en la letra a) del apartado 1, documentos acreditativos de la dependencia, del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia.


d) En el supuesto de pareja, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.




Las autoridades valorarán individualmente las circunstancias personales del solicitante y resolverán motivadamente toda resolución debiendo tener en cuenta los siguientes criterios:


a) En el caso de familiares, se valorará el grado de dependencia financiera o física, el grado de parentesco con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en su caso, la gravedad de la enfermedad o discapacidad que hace necesario su cuidado personal o el tiempo de convivencia previo. En todo caso, se entenderá acreditada la convivencia cuando se demuestre fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia.


b) En el caso de pareja de hecho, se considerará que se trata de una pareja estable aquella que acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada.

MARRUECOS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE LA HAYA



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Desde el pasado 14 de agosto de 2016 Marruecos forma parte del Convenio de Apostilla de La Haya.


Pues bien, desde el pasado 14 de agosto el procedimiento se ha simplificado considerablemente, ya que Marruecos se ha adherido al Convenio de La Haya.

Y gracias a la adhesión a este convenio se simplifica el procedimiento de legalización. Ahora bastará con un único sello estampado por la autoridad encargada en Marruecos. Por tanto, ya no será necesario presentar posteriormente el documento en el Consulado español.

A partir de ahora, para que tu documento sea válido en España, tendrás que “apostillarlo” y traducirlo por un traductor jurado reconocido por España Únicamente.