lunes, 18 de julio de 2016

Denegación de visado de reagrupación familiar comunitaria a padres de Español




De hace unos meses atrás hay un gran aumento de número de visados denegados a los familiares de comunitarios, en especial a los padres de españoles, de sus cónyuges o parejas de hecho.


Se trata de visados de residencia en ejercicio del derecho a reagrupar a estos familiares contenido en el artículo 2 de RD 1710/2011 o Reglamento de Comunitarios (que reforma el 240/2007) y no de meras estancias o visitas familiares. Hablamos del derecho de un Español a traerse a su padre a vivir con él, o a los padres de su cónyuge o incluso, de su pareja registrada.


Este tipo de visados exige que se acredite que el reagrupado debe vivir a cargo del familiar comunitario, es decir :si un español quiere reagrupar a su padre debe demostrar que lo mantiene, que su padre depende de él económicamente.


Este termino de "vivir a cargo" da lugar a que  los consulados interpreten este concepto de una forma muy amplia, y todos se acogen a la falta de acreditación de vivir a cargo, para denegar este tipo de visados sin la más mínima fundamentación jurídica.


Se trata de un derecho importante, el derecho de reagrupación familiar del ciudadano español, el derecho a vivir en familia de un español o comunitario.

Además cada vez se da más la falta de respeto al procedimiento administrativo. Trámites de audiencia que no se cumplen, falta de notificación a los abogados legalmente personados o incluso negativa a coger algunos documentos en la contestación a los requerimientos. Se trata de hechos graves que se producen en los mismos consulados.

Ante esto podemos recurrir en reposición ante el mismo consulado, cuya respuesta en general ninguna y recurso contencioso en el plazo de dos meses.

Pero como se trata de casos tan injustos, tan inrespetuosos, que creo que se debe recurrir al Defensor del Pueblo Español a la vista de falta de garantías jurídicas e indefensión que se está dando en estos casos.

Otra opción, queja ante la Dirección General de Asuntos Consulares.

Si alguien está sufriendo una de estas denegaciones injustas, carentes de fundamentación jurídica y sin respeto al procedimiento legalmente establecido, es posible dirigir vuestra queja por la actuación de un Consulado por escrito a:


Director General de Asuntos Consulares y Migratorios


Calle Ruiz de Alarcón número 5.


28071 de Madrid.

martes, 28 de junio de 2016

¿Como se puede localizar un testamento?






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Para localizar un testamento hay que acudir al Registro General de Actos de Última Voluntad.

Siempre que se trate de un testamento abierto o cerrado, podemos localizarlo acudiendo al Registro General de Actos de Última Voluntad, en este registro se inscriben los testamentos con el fin de garantizar el conocimiento de su existencia una vez fallecidas las personas que hubiesen otorgado el testamento o bien en vida por los propios otorgantes.
 El testamento se localiza en el  Registro General de Actos de Última Voluntad a través de la solicitud del certificado de actos de última voluntad, este certificado nos indica los testamentos que otorgó esta persona, lugar,  fecha de otorgamiento y la notaría donde otorgó el testamento, o si  no otorgó ninguno,

Se puede solicitar de forma presencial o por correo. 
Para solicitarlo de forma presencial hay que hacerlo en :
Gerencias territorial del Ministerio de Justicia
Registros civiles de toda España.

Si se trata de un testamento olografo solo nos quedará buscarlo en casa, preguntar a amigos o familiares ya que se trata de un testamento escrito con puño y letra del testador que puede dar a alguien.

domingo, 24 de abril de 2016

Un niño nacido en España no es español automáticamente.

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Muchos nos preguntan: ¿Mi hijo es español por nacer en España?, vamos a  intentar responder a esta pregunta.

Hay que decir que en España no rige el iure solis sino el iure sanguini, es decir que la nacionalidad no se adquiere por el solo hecho de nacer en España sino que rige el derecho de sangre. Si uno de los padres es español el hijo  es español.

Artículo 17 del Código Civil.
1. Son españoles de origen:

a) Los nacidos de padre o madre españoles.

b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos, hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.

c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.

Pues bien, según el artículo 17 nº 1, c) del Código civil, son españoles de origen “Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad“, Es decir que la ley española no permite que haya una situación de apatridia, es decir que si un menor nace en España de padres extranjeros y este menor no lo reconoce el país de origen de sus padres, si el niño carece de nacionalidad se le concederá la nacionalidad española.

En principio los nacidos en España de padres extranjeros siguen la nacionalidad de sus padres; sin embargo hay países que no reconocen como nacionales los hijos nacidos en el extranjero de sus nacionales, y es por ello que España, para evitar que estos niños carezcan de nacionalidad, les concede con valor de simple presunción, la nacionalidad española.

Para iniciar el expediente de nacionalidad española con valor de simple presunción, debes presentar los siguientes documentos en el Registro Civil de tu domicilio:

– Certificado literal de nacimiento del recién nacido.

– Certificado de empadronamiento de cada uno de los padres de convivencia en el que aparezca el menor.

– Certificado literal de nacimiento de cada uno de los padres, procedente del Registro Civil de su país, y legalizado por el Consulado o Embajada de dicho país en España, o apostillado.

– Original y fotocopia del libro de familia donde conste el menor.

– Original y fotocopia de los pasaportes de los padres.

– Certificado Consular en que se acredite que la legislación de su país no reconoce al menor la nacionalidad de su país.

A estos efectos, la Dirección General de los Registros y del Notariado publicó una instrucción en la que establecía el listado de algunos países a los que les podría ser de aplicación la ley española.

Son españoles los nacidos en España hijos de:

y son por tanto españoles, a los nacidos en España hijos de: a) Argentinos (Resoluciones de 23-1.ª de septiembre y 19-1.ª de diciembre de 2002; 28-2.ª de junio y 3-2.ª de diciembre de 2003; 21-2.ª de febrero y 5-3.ª de marzo de 2004).

b) Bolivianos (Resoluciones de 5-2.ª de marzo y 25 de septiembre de 2004; 16-3.ª de septiembre de 2005; 27-4.ª de diciembre de 2006; 3-5.ª de enero de 2007). c) Colombianos (Resoluciones de 16-2.ª de octubre y 7-4.ª y 5.ª de noviembre de 2002; 28-4.ª de junio y 4-1.ª de julio de 2003; 28-3.ª de mayo y 23-1.ª de julio de 2004; 30-4.ª de noviembre y 7-2.ª de diciembre de 2005; 14-3.ª de febrero y 20-1.ª de junio de 2006; 17-4.ª de enero de 2007). d) Costarricenses (Resolución de 16-3.ª de marzo de 2006). e) Cubanos (Resolución de 26-2.ª de marzo de 2003). f) Chilenos (Resoluciones de 20-2.ª de diciembre de 2004; 23-3.ª de diciembre de 2005) g) Ecuatorianos (Resoluciones de 27-2.ª de noviembre y 30-2.ª y 3.ª de diciembre de 2002; 28-1.ª de junio y 5-2.ª de diciembre de 2003; 29-1.ª de octubre y 5-3.ª de noviembre de 2004; 12-2.ª de julio de 2005; 15-4.ª de noviembre y 27-5.ª de diciembre de 2006)1. h) Guineanos (Guinea-Bissau) (Resolución de 30-1.ª de septiembre de 2005). i) Marroquíes -madre marroquí y padre conocido apátrida o que no transmite su nacionalidad al hijo- (Resoluciones de 31-7.ª de octubre de 2005 y 10-3.ª de febrero de 2006). j) Palestinos -apátridas- (Resolución de 12-4.ª de septiembre de 2000). k) Peruanos (Resoluciones de 8-2.ª de mayo de 2002; 19-3.ª de marzo y 10 de abril de 2004; 11-1.ª de marzo y 14-4.ª de octubre de 2005). l) Saharauis -apátridas- (Resolución de 10-3.ª de enero de 2005)2. m) Suizos (Resolución de 6-4.ª de junio de 2006)3. n) Santotomenses (Santo Tomé y Príncipe) (Resolución de 4-1.ª de marzo de 2003). o) Venezolano/Colombiana (Resolución de 23 de abril de 2005)4.

Venezolano cuando solo uno de los cónyuges tiene esta nacionalidad.
Los Bolivianos ya no porque se ha modificado su constitución.


Por el contrario no son españoles iure soli, por corresponderles iure sanguinis la nacionalidad de uno de los progenitores, los nacidos en España hijos de:


a) Angoleños (Resoluciones de 14-1.ª de septiembre de 2004; 13-3.ª de septiembre de 2005).

b) Argelinos (Resoluciones de 3-4.ª de junio de 2005; 6-1.ª de junio de 2006). c) Búlgaros (Resolución de 22-2.ª de septiembre de 2000). d) Congoleños (Resoluciones de 15-3.ª de noviembre de 2005; 10-4.ª de abril y 19-1.ª de septiembre de 2006). e) Dominicanos (Resoluciones de 16-1.ª de marzo y 27-3.ª de mayo de 2005; 5-2.ª y 19-1.ª de octubre de 2006; 14-4.ª de enero de 2007). f) Ecuatoguineanos (Resolución de 23-5.ª de septiembre de 2005). g) Ecuatorianos, si el nacimiento se produjo durante una estancia transitoria en España de los padres (Resoluciones de 10-4.ª de septiembre de 2002; 14-3.ª de septiembre de 2005; 3-4.ª de enero de 2007)5. h) Etíopes (Resolución de 28-3.ª de junio de 2005). i) Jamaicanos (Resolución de 6-4.ª de junio de 2006)6. j) Jordanos (Resolución de 22-2.ª de marzo de 2004)7. k) Kazajos (Kazajstán) (Resolución de 22-1.ª de abril de 2005). l) Letones (Resolución de 14-1.ª de octubre de 2005). m) Lituanos (Resolución de 21-3.ª de noviembre de 2005). n) Marroquíes:

n.1) Padre y madre marroquíes, hijo matrimonial, aunque el matrimonio contraído haya sido civil en España (Resoluciones de 7-3.ª de noviembre de 2005).

n.2) Padre y madre marroquíes, hijo no matrimonial, si existe reconocimiento paterno o se acredita la cohabitación durante el periodo probable de la concepción (Resoluciones de 31-7.ª de octubre de 2005 y 10-3.ª de febrero de 2006). n.3) Madre marroquí y padre desconocido (Resoluciones de 23-2.ª y 31-3.ª de octubre de 2003; 26-4.ª de enero de 2004; 20-5.ª de septiembre y 14-1.ª de noviembre de 2005; 20-4.ª de marzo de 2006)8.

o) Mauritanos (Resoluciones de 5-1.ª y 2.ª y 6-4.ª de julio de 2006)

p) Nicaragüenses (5-5.ª de noviembre de 2004; 17-3.ª de enero de 2006). q) Nigerianos (Resoluciones de 20-3.ª de marzo y 28-3.ª y 4.ª de octubre de 2003; 8-4.ª de marzo de 2004; 21-1.ª de septiembre y 18-5.ª de noviembre de 2005; 16-4.ª de mayo y 20-4.ª de octubre de 2006). r) Paquistaníes (Resolución de 22-4.ª de mayo de 2006)9. s) Polacos (Resolución de 29-1.ª de noviembre de 2002). t) Rumanos (Resoluciones de 23-3.ª de junio de 2003; 16-4.ª de febrero y 14-2.ª de septiembre de 2005; 22-3.ª de febrero de 2006). u) Rusos (Resoluciones de 21-4.ª de octubre y 22-4.ª de noviembre de 2005). v) Senegaleses (Resolución de 21-3.ª de septiembre de 2005). w) Sierraleoneses (Resolución de 10-5.ª de septiembre de 2002). x) Sirios (Resolución de 24-5.ª de noviembre de 2005). y) Suizos (Resolución de 6-4.ª de junio de 2006)10. z) Tanzanos (Resolución de 23-5.ª de septiembre de 2005). aa) Uzbekos (Resolución de 17-2.ª de abril de 2002) bb) Zaireños (Resolución de 11-3.ª de junio de 2001 y 5-2.ª de enero de 2002).

1 El hijo de padres ecuatorianos es español si su nacimiento en España tuvo lugar durante una estancia no transitoria de aquellos en España. Así resulta de la Resolución de 10-4.ª de septiembre de 2002 que, por excepción, declara que no es español de origen, sino ecuatoriano, el nacido en España de padres ecuatorianos cuya estancia en España debía considerarse transitoria: el padre residía en Ecuador y la madre no estaba empadronada en España. 2 Por el contrario no beneficia el artículo 18 del Código civil, redacción de 1990, a los saharauis que no han estado en posesión y utilización de la nacionalidad española durante diez años o no prueban haber residido en el Sahara cuando estuvo en vigor el Real Decreto de 1976, de modo que quedara imposibilitado «de facto» para optar a la nacionalidad española (Resoluciones de 5-2.ª de diciembre de 2002, 15-2.ª de marzo de 2007, entre otras muchas). 3 Los hijos de padre suizo no casado con la madre nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de su padre, sino que para ello es preciso un acto posterior. 4 Si ambos progenitores son venezolanos el hijo nacido en España es venezolano. Si sólo uno de ellos lo es -caso de la Resolución- hay que residir en Venezuela o declarar la voluntad de ser venezolano para adquirir dicha nacionalidad. 5 El hijo de padres ecuatorianos no es español si el nacimiento en España se produjo durante una estancia transitoria de sus padres. 6 Son jamaicanos desde la fecha de su nacimiento, los nacidos en el extranjero cuando a tal fecha uno de los padres es jamaicano por nacimiento, descendencia o adquisición de la nacionalidad por matrimonio con un ciudadano de Jamaica. 7 Para que la mujer jordana transmita la nacionalidad se requiere que el padre sea de nacionalidad desconocida y que el nacimiento haya acaecido en Jordania. 8 Aunque la Dirección General de los Registros y del Notariado no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el supuesto de padre marroquí y madre desconocida, este caso hay que entenderlo como subsumible en este apartado ya que el artículo 6 del Dahir n.º 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958, relativo al Código de la nacionalidad marroquí, establece que tiene la nacionalidad marroquí de origen por filiación: «1.º El niño nacido de padre marroquí». 9 Los nacidos fuera de Pakistán son pakistaníes si los padres hubiesen nacido en Pakistán, en otro caso, lo serán si son inscritos en el Registro Consular correspondiente. 10 Los hijos de padre suizo no casado con la madre, nacidos en el extranjero, no adquieren automáticamente la nacionalidad de su padre, sino que para ello es preciso un acto posterior.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7482

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/i280307-jus.html
Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción.

sábado, 16 de abril de 2016

EL ESTADO PAGA LAS PENSIONES DE ALIMENTOS A TRAVES DEL FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS


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El Estado paga las pensiones de alimentos a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, con la finalidad de garantizar a los hijos menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados, se trata de un fondo carente de personalidad jurídica.

Para poder acceder a este pago se tienen cumplir unos requisitos:

Debe haber una sentencia dictada por tribunales españoles que reconozca la pensión de alimentos y un certificado expedido por el Secretario Judicial que acredite que la ejecución ha sido infructuosa, es decir que no se ha conseguido cobrar la pensión a pesar de interponer la demanda de ejecución.
Se deben cumplir los siguientes requisitos:

Los recursos económicos de la unidad familiar en la que se integra el menor no podrán superar el límite de ingresos resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta De Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar.

Dicho coeficiente será 1,5 si sólo hubiera un hijo, y se incrementará en 0,25 por cada hijo.

La cuantía es de  100 € mensuales por cada beneficiario salvo que la resolución judicial fije una cantidad mensual inferior, en cuyo caso se abonará el importe fijado por la resolución judicial.

Plazo máximo de percepción es de 18 meses, ya sea de forma continuada o discontinua.

Este  anticipo lo solicita y percibe quien tenga la guarda y custodia del menor (generalmente será el padre o la madre).

La percepción de este anticipo es incompatible con la de otras prestaciones o ayudas de la misma naturaleza y finalidad reconocidas por las distintas Administraciones Públicas. El titular de la guardia y custodia del menor beneficiario deberá optar por una de ellas.

Documentación a presentar:
-Declaración del solicitante referida a las rentas e ingresos de la Unidad familiar.

-Escrito de Subrogación a favor del Estado por las cantidades anticipadas

-Testimonio de la resolución judicial que reconozca el derecho a alimentos, así como testimonio de haber instado su ejecución.

-Certificación expedida por el Secretario Judicial que acredite el resultado infructuoso de la ejecución, al no haberse obtenido el pago de los alimentos ni haberse trabado embargo sobre bienes propiedad del ejecutado.

-Libro de familia o certificación de nacimiento de los beneficiarios.


Este anticipo se extingue con:
-Cumplimiento de la mayoría de edad del beneficiario;

-Percepción de las 18 mensualidades;

-Cumplimiento voluntario o forzoso del pago de alimentos por el obligado a los mismos;

-Fallecimiento del beneficiario o del obligado al pago;

-Superación del límite de recursos económicos por la alteración de los ingresos de la unidad familiar;

-Resolución judicial que así lo determine.

El Estado reclamará el pago de esas cantidades.
El Estado se subrogará de pleno derecho, hasta el importe total de los anticipos satisfechos al interesado, en los derechos que le asisten frente al obligado al pago de los alimentos.

martes, 16 de febrero de 2016

Testigos, su derecho a percibir una indemnización

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Los testigos que declaran en un proceso civil tienen derecho a obtener una indemnización que cubra sus gastos.

El testigo puede ser aportado por la parte interesada en su testimonio o puede ser citado por el juzgado, en caso de ser citado por el juzgado el artículo 2 92. 1 y 2 de la  LEC impone el deber y la obligación al testigo de acudir cuando sea llamado por el Juez o Tribunal.

Este artículo indica que: "1. Los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará, previa audiencia por cinco días, con multa de 180 a 600 euros. 2. Al tiempo de imponer la multa a que se refiere el apartado anterior, el tribunal requerirá, mediante providencia, al multado para que comparezca cuando se le cite de nuevo, bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la autoridad"

Así que el incumplimiento de la obligación de comparecer al llamamiento judicial, sin causa justificada nos puede acarrear la imposición de una multa de 180 a 600 euros y en caso de reiteración podríamos ser condenados por un delito de desobediencia a la autoridad que por remisión al CP puede encajar en el tipo previsto en el art. 410 del Código Penal, que tiene fijada una pena de multa de tres a doce meses.

Esta obligación que impone la ley al testigo puede ocasionar un prejuicio, por ello el legislador concede un derecho a los testigos de poder obtener una indemnización que cubra esos daños.

Así se expresa el artículo 375 de la Lec. “…Indemnizaciones a los testigos.
1. Los testigos que declaren tendrán derecho a obtener de la parte que les propuso una indemnización por los gastos y perjuicios que su comparecencia les haya originado, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas. Si varias partes propusieran a un mismo testigo, el importe de la indemnización se prorrateará entre ellas.
2. El importe de la indemnización lo fijará el tribunal mediante auto, que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que se hubiesen aportado. Dicho auto se dictará una vez finalizado el juicio o la vista, y sólo será susceptible de recurso de reposición.
Si la parte o partes que hayan de indemnizar no lo hiciesen en el plazo de diez días desde la firmeza de la resolución mencionada en el párrafo anterior, el testigo podrá acudir directamente al procedimiento de apremio.”


El testigo tiene derecho a ser indemnizado al margen de que haya sido citado directamente por el juzgado o por la parte interesada que lo propone.

Este derecho a una indemnización se configura, pues, como un derecho que tiene el testigo, y surge como lógica contrapartida al deber de comparecer que le impone el artículo 292 de la LEC. Basta la mera comparecencia ante el Juzgado competente del asunto en el día y hora señalados para que se produzca el nacimiento del derecho a la indemnización.

La indemnización del testigo se enmarca dentro de las costas del proceso, puesto que así lo prevé expresamente el art. 241.1.4º LEC, al referirse a "los derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso", y el art. 375.1 LEC así lo contempla expresamente, al hacer alusión a "sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas".
De esta forma, una vez satisfecha la indemnización por la parte que propone al testigo  se deberá incluir en las costas del juicio, para que las soporte la parte condenada al pago de las mismas.

Una vez realizada la comparecencia del testigo, con o sin práctica del interrogatorio, este deberá presentar un escrito al Juzgado competente del asunto. Generalmente en todos los decanatos disponen de solicitudes para presentar estas reclamaciones.

Conceptos susceptibles de indemnización :
I. Gastos de desplazamiento. entre la residencia habitual del testigo y el juzgado donde proceda a declarar.
II. Gastos de alojamiento. cuando  la residencia habitual del testigo esté a más de 150 kilómetros de la sede judicial a la que tenga que asistir, y resulte arriesgado llegar a tiempo a la citación judicial en función del medio de transporte elegido. y cuando no pueda regresar a su domicilio el día que finalice su comparecencia en el órgano judicial, por inexistencia de medio de transporte. Se abonarán los importes hasta un máximo de 90 euros por noche.
III. Gastos de manutención.
- Durante los días que estén a disposición judicial y deban pernoctar fuera de su residencia habitual, hasta un importe máximo diario de 90 euros.
- Cuando el testigo resida a una distancia superior a 50 km. de la sede judicial y abandone el mismo después de las 13,30 horas así como en aquellos supuestos en que deba pernoctar la noche anterior a la declaración testifical fuera de su residencia habitual, tendrá derecho a percibir el 50% de la dieta, es decir, 45 euros, como cantidad máxima, previa justificación.
IV Salarios dejados de percibir. Tendrán derecho a la indemnización por este concepto, los trabajadores autónomos o miembros de cooperativas de trabajo asociado, para compensar la disminución de sus ingresos.
V Dietas para personas acompañantes de los testigos. Cabrá indemnización, por los conceptos indicados en los apartados anteriores a la persona acompañante de los testigos en los siguientes supuestos:
- Cuando el testigo sea menor de edad.
- Cuando el testigo esté incapacitado y requiera ayuda para su traslado y así se justifique.

viernes, 12 de febrero de 2016

Se suprime el visado para los colombianos.


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En el mes de diciembre se suprimió la exigencia de visado Schengen a los colombianos para entrar a la UE, a pesar de ello el Consulado Español en Colombia seguía exigiendo el visado de reagrupación familiar para familiares de ciudadanos españoles.

Esto ha cambiado, ahora el Consulado General en Bogotá dice que ya no hace falta visado para los familiares de ciudadanos españoles que quieren reunirse con ellos en España, cosa que es lógica, la supresión de visado para los familiares de ciudadanos españoles se suprimió a partir del 1 de enero de 2016.

Ahora bien, aunque los colombianos no necesiten visado para ingresar al espacio Shengen, esto no significa que su entrada sea automática, deben cumplir con unos requisitos:

1- Deben tener el pasaporte con vigencia mínima de tres meses

2- Los billetes aéreos que confirmen el regreso al país.

3- Debe justificar el viaje, carta de invitación o reserva de hotel, extractos bancarios que demuestren recursos suficientes para cubrir los gastos de la estancia, seguro médico y cumplir con los requisitos específicos de cada país al que se quiera viajar.

En consecuencia, los requisitos de entrada para los familiares de ciudadanos comunitarios, que deseen fijar su residencia en España, deberán consultarse a través de la página web del Consulado.