miércoles, 18 de enero de 2017

Ejecución de las costas al beneficiario de justicia gratuita





Cuando una persona solicita la justicia gratuita y se le concede, en este casa si pierde el pleito no paga las costas causadas a la otra parte. Pero esta exención de pago tiene una particularidad.


El artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice lo siguiente:

“Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil.

Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20..”


Este artículo quiere decir que si mejora las condiciones económicas en el plazo de tres años de la persona beneficiaria de la justicia gratuita, los tres años cuentan desde la terminación del proceso, en este caso deberá pagar las costas de la parte contraria siempre que haya sido condenado a pagar las costas y además pagará a su abogado y procurador.


Antes de este plazo si se puede pedir la tasación de costas aunque el condenado sea beneficiario de la justicia gratuita. Lo que no se puede solicitar es la ejecución de dichas costas hasta que no se acredite que ha mejorado su situación económica. Así lo recoge el citado artículo 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.



La Ley de Justicia Gratuita ha sido modificada (en vigor a partir de 7 octubre 2015). El actual art. 36.2 dispone que será la Comisión de Justicia Gratuita será quien decida si el beneficiario ha venido a mejor fortuna.

martes, 17 de enero de 2017

Tarjeta de Familiar de Comunitario: Sin requisitos económicos.

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La Tarjeta de Familiar de Comunitario está regulada en el Real Decreto 240/2007, en este caso los requisitos para obtener el permiso de residencia se recogen en el art 8 de Real Decreto 240/2007 y cuyo título es “Residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión”
Si acudimos a este artículo 8 nada dice de medios económicos, sin embargo en la propia web de la Secretaría General de Inmigración y Emigración informan de que se exigirán los requisitos económicos en concreto los siguientes:
Dependiendo de la condición que cumpla el ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo:

Si es trabajador por cuenta ajena: podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:

  1. Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, incluyendo, al menos, los datos del nombre y dirección de la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización.
  2. Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la plataforma CONTRATA.
  3. Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Trabajador por cuenta propia podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:
  1. Inscripción en el Censo de Actividades económicas.
  2. Justificación de su establecimiento mediante Inscripción en el Registro Mercantil.
  3. Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.

Si no se ejerce actividad laboral en España se deberá aportar:
  1. Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su periodo de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. Los pensionistas cumplen con esta condición aportando certificación de disponer asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben pensión.
  2. Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para el ciudadano de la Unión y sus familiares para el periodo de residencia en España. Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como títulos de propiedad, cheques certificados, documentación justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito con certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.

Estos requisitos económicos que se están exigiendo no deberían exigirse a familiares de ciudadanos comunitarios.

La Sentencia 160/2016 de 31 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aclara la cuestión e indica que los requisitos económicos no pueden ser exigidos a los familiares de nacionalidad extracomunitaria, dicha sentencia se basa en que la exigencia de los requisitos económicos supone que para poder conservar la unidad familiar el ciudadano español debería renunciar a sus derechos como tal y trasladar su residencia al país de origen de sus familiares, la sentencia lo expresa de la siguiente forma:
Siendo ello así, la cuestión estriba en determinar si la exigencia de disposición de recursos económicos opera en relación con el esposo extracomunitario, esto es, si resulta exigible acreditar la disposición de recursos económicos suficientes para que el esposo no se convierta en una carga para la asistencia social española. A la hora de dar respuesta a dicha cuestión no cabe ignorar que la exigencia de tales recursos puede impedir la reunión de los esposos en España, afectando con ello gravemente a su derecho a una vida privada y familiar en los términos en que está reconocido por el art. 8.1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas de 4 de noviembre de 1950 y art.7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, afectación que no se produce en el caso de los ciudadanos de la Unión que se desplazan a otro Estado miembro a los que se les exige la disposición de medios económicos para ellos y sus familiares extracomunitarios que pretendan reunirse con ellos, ya que si carecen de medios pueden optar por reunirse en el país del que el ciudadano de la Unión es nacional, cosa que no ocurre con la ciudadana española de la Litis, ya que para mantener la unidad familiar se vería obligada a seguir a su esposo a Guinea Ecuatorial, renunciando a los derechos inherentes a su nacionalidad”.


“A la vista de lo razonado, considera la Sala que el derecho de residencia por tiempo superior a tres meses del apelante por la razón de su matrimonio con ciudadana española, no se halla condicionado a la disposición de recursos económicos suficientes para no constituirse en una carga para la asistencia social española"

Dicha sentencia no va a cambiar los criterios de las Oficinas de Extranjería que exigen los recursos económicos y ante su carencia denegarán la Residencia, por lo que habrá que recurrir para hacer valer su derecho a “mantener la unidad familiar”.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

La pensión de alimentos para hijos mayores discapacitados





El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la pensión de alimentos para hijos mayores discapacitados en su sentencia 2622/2014 de 7 de Julio en la que obliga a un padre a seguir con la pensión alimenticia de su hijo mayor de edad por ser discapacitado. La Sala de lo Civil ha fijado doctrina sobre la obligación paterna de satisfacer alimentos en los casos de hijo mayor de edad con discapacidad, declarando que “la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos”. La sentencia responde al caso que se inició con una demanda del padre en un juzgado de Sevilla solicitando la extinción de la pensión alimenticia con el argumento de que su hijo había finalizado los estudios de BUP hacía más de 10 años y que estaba inscrito como demandante de empleo. Su ex mujer respondió que su hijo padece un trastorno esquizofrénico paranoide, que le incapacita para cualquier tipo de trabajo, y que le hace absolutamente dependiente de su madre por lo que pedía un incremento de dicha pensión y el pago del 50% de los gastos extras médicos derivados de la enfermedad no cubiertos por la Seguridad Social. El Juzgado de Sevilla declaró extinguida la prestación de alimentos del hijo al entender que reúne los requisitos para acceder a una prestación no contributiva por invalidez; decisión que confirmó la Audiencia Provincial. La Sala de lo Civil revoca las sentencias y obliga al padre a pagar la pensión alimenticia a su hijo. Señala que no se puede desplazar al Estado lo que es un deber del progenitor y por eso cree que la mejor solución es equiparar la situación del hijo dependiente con la de un hijo menor, cuyas necesidades, tras la ruptura matrimonial, han de quedar cubiertas por los padres. Y lo razona diciendo que en este caso “no se está ante una situación normalizada de un hijo mayor de edad o emancipado, sino ante un hijo afectado por deficiencias, mentales, intelectuales o sensoriales, con o sin expediente formalizado, que requiere unos cuidados, personales y económicos, y una dedicación extrema y exclusiva que subsiste mientras subsista la discapacidad y carezca de recursos económicos para su propia manutención”.

sábado, 10 de diciembre de 2016

Reclamar la devolución del IRPF de una prestación por maternidad




La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dando la razón a una contribuyente para que Hacienda le devuelva 3.135 € del IRPF de su prestación de maternidad, ha abierto la puerta a más de un millón de personas que ahora podrán reclamar a Hacienda las posibles cantidades indebidamente satisfechas por las prestaciones percibidas por maternidad. Esta sentencia no crea jurisprudencia pero si va a provocar que los contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde el año 2012 reclamen la devolución del IRPF, porque lo anterior al 2012 ha prescrito.

En esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara que la prestación que abona la Seguridad Social por maternidad, no tributa por IRPF y obliga a Hacienda a devolver las cantidades indebidamente satisfechas por este concepto.

Cuándo una trabajadora da a luz tiene derecho a 16 semanas de baja, que puede compartir en parte con su pareja. Durante este período, la Seguridad Social es quien abona el sueldo a través de la prestación de maternidad, que equivale a la base de cotización. En este caso, para la Agencia Tributaria, el importe obtenido por tal concepto debe tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo, interpretación que ahora el TSJ de Madrid tumba mediante una sentencia.

Ahora nos encontramos ante una situación contradictoria, por un lado el TSJ de Madrid sostiene que se trata de una renta exenta y por otro lado el criterio de la Agencia Tributaria que sostiene que tributa, de tal manera que ha de existir una unificación doctrinal al respecto, pero hasta que esto se produzca, esta sentencia del TSJ de Madrid ha elevado las posibilidades de ganar el procedimiento en vía judicial.

Para reclamar hay que seguir estos pasos:

El primer paso es presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, ante nuestra delegación de hacienda, haciendo constar el ejercicio que se reclama y concepto jurídico.

Lo más probable es que nos contesten desfavorablemente, por lo que deberemos presentar alegaciones y recursos a todas las resoluciones en las que nos denieguen nuestra petición hasta que finalice la vía administrativa. Con el escrito del punto anterior habremos abierto la vía administrativa, por la cual la administración nos contestara probablemente desestimando y nos dará un plazo de 10/15 días para interponer alegaciones. Alegaciones que presentaremos y que lo más seguro sean igualmente desestimadas.

Un vez contestadas las alegaciones podremos interponer recurso de reposición y a continuación Reclamación Económico Administrativa que será resuelta esta última por el Tribunal Económico Administrativo Regional correspondiente y fallaran probablemente en contra, desestimando nuestra pretensión y así agotando la vía administrativa.

Finalizada la vía administrativa podremos iniciar un procedimiento judicial que es dónde más viabilidad tiene este procedimiento, para lo cual tendremos dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y así veremos si dicho tribunal nos da o no la razón.

Quedamos a su disposición para cualquier duda al respecto.

domingo, 4 de diciembre de 2016

Oposición a la ejecución hipotecaria


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El plazo para presentar el escrito de oposición a la ejecución hipotecaria es de diez días y solo caben como motivos de oposición los tasados por la Ley.


Cuando se inicia un procedimiento judicial por el Banco por impago de una hipoteca y le llega la demanda al deudor, hay que tener en cuenta fundamentalmente el plazo de oposición a la ejecución hipotecaria y los motivos permitidos por la Ley para poder oponerse.

El Plazo para Oponerse a la demanda de ejecución hipotecaria es de 10 días hábiles, se cuenta desde el siguiente día de notificación de la demanda y despacho de ejecución por el Juzgado (art. 556 LEC).

Para oponerse hay que  contactar con un abogado lo antes posible y en caso de que carezcan de medios  económicos  se debe solicitar inmediatamente en el Colegio de Abogados de su ciudad los beneficios de justicia gratuita, con lo cual, se suspende por el Juzgado el cómputo de dicho plazo hasta que se nombre Abogado y Procurador de oficio.

Los  motivos de oposición a la ejecución hipotecariaSolo caben los siguientes:

1º.- Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.

2º.- Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

3º.- En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.

4º.- El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.


Este último motivo de oposición a la ejecución hipotecaria “existencia de cláusulas abusivas” en el préstamo hipotecario es el más utilizado y casi el único que se suele alegar por el deudor en el supuesto de recibir una demanda de ejecución.


Sobre este aspecto, y consecuencia de todas las reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil en estos últimos tiempos, se ha introducido la del control de las cláusulas abusivas en la ejecución por dos vías:

1ª.- De un lado, introduciendo la posible apreciación de oficio de la cláusula abusiva por el juez en el inicio de la ejecución. Así el artículo 552.1º, párrafo 2º LEC dispone que “El tribunal examinará de oficio si alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 puede ser calificada como abusiva. Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser calificada como tal dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3.ª“.

2ª.- De otro, la reforma introduciendo un párrafo 4º en el art. 695.1 LEC: “En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: (…) 4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible“.


De lo expuesto se infiere, que no toda cláusula calificada como abusiva es susceptible de suspender el procedimiento de ejecución o de ser tenida por no puesta. Únicamente lo serán:

a) Las cláusulas que sean fundamento esencial de la ejecución hipotecaria (por ejemplo cláusula de vencimiento anticipado de toda la obligación por causas que se estimen abusivas, valor de tasación a efectos de subasta por debajo del mínimo legal, o vencimiento anticipado por impago de sumas que representen menos de tres mensualidades). El efecto que produce su apreciación es el de sobreseimiento del procedimiento de ejecución.

b) Las cláusulas que sean determinantes de la cantidad exigible en la ejecución (por ejemplo intereses de demora pactados más allá del límite legal, repercusión de gastos y suplidos que no ha de soportar el deudor, etc). En este segundo caso, el procedimiento de ejecución no se suspende, pero “se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva“, es decir, se despachará la ejecución pero teniendo por no puesta la cláusula nula.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

TARJETA DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN

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TARJETA DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN

La reforma de la Ley de extranjería en el año 2009 modificó el nombre de la denominada tarjeta de residencia permanente por el de larga duración, que es la autorización que permite a la persona extranjera residir y trabajar en España de forma indefinida en las mismas condiciones que un Español.
Requisitos para solicitar la tarjeta de larga duración :

Podrán optar a esta tarjeta los extranjeros que se encuentren en alguno de estos supuestos:

- Los residentes que acrediten una residencia legal y continuada en España durante cinco años.

- Lo extranjeros que hayan nacido en España y acrediten haber residido de forma legal y continuada al menos durante los últimos tres años.

- Aquellos extranjeros que al llegar a la mayoría de edad hayan estado tutelados por una entidad pública española durante los cinco últimos años.

- Los extranjeros que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad.

- Los residentes que acrediten ser beneficiarios de una pensión por jubilación o invalidez permanente.

- Los apátridas o refugiados que se encuentren en territorio Español y a quienes se les ha concedido dicho estatuto.

- Los extranjeros que hayan contribuido de forma destacada al progreso científico, económico y cultural de España.



Documentación a presentar:


- Impreso oficial EX11 (2 copias).

- Pasaporte completo y en vigor, debiendo presentarse también el anterior si hubiera sido renovado dentro de los últimos cinco años.

- 3 fotografías.

- Tarjeta de residencia a renovar.

- Certificado de empadronamiento.

-Documentación que acredite alguna de las circunstancias mencionadas anteriormente.

La tarjeta de residencia larga duración  debe renovarse cada cinco años, autoriza a trabajar y permite estar fuera de España un máximo de 6 meses consecutivos, con una duración total máxima de 1 año durante los cinco de residencia.

Causas de extinción :

La anulación de la autorización de la residencia de larga duración se producirá en los casos siguientes:

- Cuando la autorización se haya obtenido de manera fraudulenta

- Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos previstos en la Ley.

- Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 6 meses consecutivos.

- Cuando hubiera adquirido la residencia de larga duración en otro Estado miembro.

sábado, 19 de noviembre de 2016

Plazos de prescripción para reclamar las deudas




Según el artículo 1961 del Código Civil, las acciones para reclamar el pago de las deudas tienen un vencimiento que es el establecido por la ley.

Una deuda prescribirá dentro de un plazo establecido por la ley legal si el acreedor no reclama dicha deuda. No obstante los plazos de prescripción se pueden interrumpir mediante reclamaciones judiciales o extrajudiciales (por ejemplo, mediante burofax con certificación de texto y acuse de recibo), o reconocimientos de la deuda expresos (firmado por el deudor, que reconoce su deuda) o tácito (por ejemplo, un pago parcial de la misma).

Una deuda prescribe si el acreedor no ejerce ninguna acción extrajudicial o judicial como envío de cartas de forma fehaciente, requerimiento notariales, etc

MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN.
Según el Código civil, las deudas derivadas de un contrato personal que no tenían señalados términos especiales prescribían a los 15 años.

Se ha publicado la modificación de los plazos de prescripción en el BOE con fecha de 6 de Octubre la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y entre sus cambios más significativos hay que destacar el que afecta al régimen de prescripción del Código Civil por el que se reduce de 15 a 5 años el plazo general establecido para la prescripción de las acciones personales.

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS MÁS HABITUALES
Deudas Hipotecarias: La prescripción según el artículo 1964 del código civil el plazo de prescripción de deudas hipotecarias se establece en 20 años desde la fecha de vencimiento que inicialmente tiene fijado el préstamo.
Deudas comerciales con otras empresas: prescriben a los 5 años (desde la nueva reforma LEC).
Deuda derivada de un préstamo: Respecto a los créditos, aunque su devolución se suela hacer mes a mes, se ha considerado por parte de la jurisprudencia que supone una deuda unitaria con pago aplazado, por lo que su plazo no sería el quinquenal, sino el general de 5 años (hasta la nueva reforma LEC).
Deudas de Tarjetas de Crédito: A pesar que los pagos anuales/mensuales tienen una prescripción de 5 años, esto no se aplica para las tarjetas de crédito, que tienen un plazo de prescripción de 15 años (desde la nueva reforma LEC ver período transitorio). La entidad tiene, ese plazo para reclamar la deuda y los intereses generados.
Deudas derivadas de dividendos o pagos que se convengan por motivos de utilidades o capital sobre la participación o acciones: el plazo será de 5 años computados desde el momento en que hubieron de cobrarse.
Deudas de alquiler tanto de rentas como de otras cantidades asimiladas: El pago de la deuda de arriendos de fincas urbanas tienen una prescripción de 5 años.
Deudas de suministros (electricidad, teléfono, gas, etc): Las deudas contraídas con empresas de suministros tienen una prescripción de 5 años, conforme al artículo 1966.3 del Código Civil. Sin embargo, la jurisprudencia no se pone de acuerdo en este caso, ya que se aplica en ocasiones el plazo de 3 años, establecido en el artículo 1967.3, según el cual establece los plazos para abonar a los comerciantes el precio de los géneros vendidos.
Deudas de abogados, procuradores, jueces, registradores o notarios: tres años.
Deudas con hospederos, en concepto de la comida consumida o habitación: tres años.

En cualquier caso, la prescripción de una deuda no es algo automático, ya que el deudor será el que tendrá que alegar tal prescripción a instancia de parte en el momento de la reclamación y demostrar el transcurso los plazos.

No obstante lo anterior, si la deuda está reconocida por medio de Resolución judicial no habrá plazo de prescripción, por lo que será exigible sin plazo hasta que se produzca su extinción.

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REGIMEN TRANSITORIO
¿Qué pasa con aquellas acciones nacidas antes de la reforma y que tenían el plazo de los quince años según la redacción del antiguo artículo 1.964?

En estos casos se dispone lo siguiente:
Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015: "El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.”

Art 1939Cciv “La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.”

  1. A las acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2000 y el 7-10-2005 se les seguirá aplicando el plazo de 15 años (como se venía haciendo hasta ahora)
  2. A las acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2005 y el 7-10-2015, se les aplicará el nuevo régimen presciptivo, de modo que aunque según normativa anterior les hubiera correspondido un plazo de 15 años, prescribirán el 7 de octubre de 2020 (esto es, 5 años después de la entrada en vigor de la nueva ley, puesto que es el nuevo plazo de prescripción establecido)
  3. A las acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas a partir del 7-10-2015 se les aplicará sin duda alguna el nuevo plazo prescriptivo de 5 años (articulo 1.964 Código civil, reformado por la Ley 42/2015)

domingo, 6 de noviembre de 2016

Pensión Compensatoria


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La pensión compensatoria se encuentra  recogida en el artículo 97 del Código Civil, el cual dice: “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.” 
La pensión compensatoria pretende  compensar el desequilibrio que soporta una de las partes tras la crisis matrimonial. Esta pensión se establece  tanto en las rupturas de matrimonios como de parejas de hecho, si bien el procedimiento a seguir a efectos de esa reclamación en un caso es distinto.   Existirá derecho a la pensión compensatoria si se acredita la existencia de un desequilibrio económico respecto a uno de los cónyuges como consecuencia de la separación o el divorcio, ya que es el requisito básico para la fijación de la compensación. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010 ha venido a sentar como doctrina jurisprudencial que: “para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatorio debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio”

A falta de acuerdo entre los cónyuges el juez es el que determinará la cuantía de esa pensión en sentencia  y para ello tendrá en cuenta;
  1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
  2. La edad y el estado de salud. 
  3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 
  4. La dedicación pasada y futura a la familia. 
  5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 
  6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
  7. La pérdida eventual de un derecho de pensión. 
  8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 
  9. Cualquier otra circunstancia relevante….” 

 La AP Granada, Sec. 5ª, Sentencia de 29 de mayo de 2009, señala que para fijar la Pensión compensatoria se ha de tener en cuenta  la cantidad que percibe el esposo  y esta debe ser minorada en las cargas de carácter permanente y estable que debe soportar, entre las que se pueden incluir las pensiones alimenticias de los hijos, el pago de la hipoteca que grava la vivienda familiar si hubiere hijos menores, el alquiler de vivienda u otras de carácter semejante que tenga que satisfacer…”.  
El impago de la pensión compensatoria durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos puede llevar consigo, al igual que el impago de la pensión de alimentos, la comisión de un delito de abandono de familia que está castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
La pensión compensatoria debe ser actualizada cada año conforme al IPC.

domingo, 30 de octubre de 2016

Nacionalidad no resuelta en un año. ¿qué podemos hacer en este caso?




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Como sabemos, el 15 de octubre del pasado de 2015 entró en vigor un nuevo procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia y, en su regulación legal, se establece un plazo máximo de resolución de un año. Es el procedimiento vigente en la actualidad.

El artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia que determina que "el procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados".
Si no se cumple este plazo de resolver en un año, ¿qué podemos hacer en este caso?.  ya que el  propio artículo establece que se entenderá desestimada la solicitud, es decir, que la no respuesta por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado, su no actuación, se entenderá como si nos hubieran denegado la solicitud.

Ante este caso, surge la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo en vía judicial, es decir, ante la Audiencia Nacional, por esa “denegación”, poniendo así en marcha un proceso judicial.

Y quizás esta sea una buena opción ya que con la interposición del recurso  podemos provocar que haya una resolución  de la administración incluso antes de la resolución judicial.  esto tiene una explicación, ya que al interponer el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, dicho órgano solicitará el informe de nuestro expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Esto provoca  que la DGRN revise nuestro expediente y, en lugar de remitir el informe a la Audiencia, directamente emita una resolución administrativa para no tener que llegar al procedimiento judicial.

sábado, 29 de octubre de 2016

El incumplimiento de régimen de visitas


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En los procedimientos de separación matrimonial, divorcio o medidas sobre hijos menores, cuando existen hijos menores de edad, el cónyuge al que no le ha sido otorgada la guarda y custodia de los hijos por la resolución judicial que en su caso se dicte, tiene derecho a visitarlos físicamente y a comunicarse con ellos.

El problema surge cuando uno de los progenitores, ya sea el que tenga la custodia o no, empieza a incumplir lo acordado en el convenio o en la sentencia respecto del régimen de visitas. Estos incumplimientos pueden venir por muchas causas, entre ellas:

El progenitor que tiene la custodia suele justificar el incumplimiento en: 
Como no me paga la pensión de alimentos no le dejo a los hijos
No quiero que mis hijos estén con la nueva pareja
Para que se los va a llevar si se quedan con los abuelos
No voy a obligar a mis hijos si no quieren irse.

El progenitor no custodio suele basarse en algunas de estas causas:
El horario del trabajo me impide recoger al menor cuando me corresponde
No puedo llevar al menor los lunes al Colegio por lo que lo llevo a casa del progenitor custodio los domingos.
A mi nueva pareja no les gusta que estén los niños
Es mi exparje la que no me deja verlos o pone dificultades o excusas
Los niños no se quieren venir conmigo

El hecho de no cumplir con lo recogido en el convenio o la sentencia es un incumpliento que no está justificado, el incumpliento debe ser algo reiterado y no puntual.

Ante ese incumplimiento reiterado hay que reaccionar, lo primero que hay que hacer es intentar llegar a un acuerdo y si se consigue hay que interponer por vía judicial un procedimiento de modificación de medidas. 
Sino se llega a un acuerdo se debe interponer una demanda de ejecución de convenio o sentencia.